El enfado de las asociaciones de discapacitados se ha producido a propósito de las declaraciones de la recién nombrada responsable gubernamental de los discapacitados, Margaret Hodge. En su primera intervención, Hodge afirmó que las medidas de protección legal en pro de los discapacitados se extenderán a 60.000 empleados discapacitados.

Las asociaciones de discapacitados señalan que se trata de una concesión rídicula, pues eperaban conseguir mucho más tras las reuniones mantenidas con el predecesor de Hodge, Alan Howarth, ahora responsable gubernamental de Arte.

La ley para la integración de los discapacitados, que ahora ha sido retrasada "debido a la agenda del Parlamento", preveía en un principio que cerca de un millón de minusválidos trabajadores quedasen cubiertos por una protección legal.

Las asociaciones de discapacitados temen que el Gobierno haya sucumbido a los grupos de presión que defienden los intereses e los empresarios.

Pero Margaret Hodge ha explicado que, a finales de año, la medida alcanzará a otros 750.000 discapacitados y que lo único que sucede es que el Gobierno quiere asegurarse de que los derechos de estos nuevos trabajadores quedan totalmente protegidos.