Las acusaciones recuerdan que Antonio Camacho, su abogado, presento un escrito ayer lunes en el que comunicaba la “decisión unilateral” de no comparecer el próximo día 18 de noviembre. La investigada explica que abandonará el territorio nacional para acompañar en una visita oficial a su esposo a Brasil con motivo de la cumbre del G-20 y justifica su asistencia con una invitación remitida por la primera dama brasileña, cursada a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y una confirmación de asistencia suscrita por la propia investigada.

Entienden las acusaciones que Gómez no está realizando una petición al juzgado, sino que se trata de “una comunicación de no asistencia”, que supone no sólo una “falta de respeto” al poder judicial sino la consideración de que es merecedora de “un trato diferente a cualquier ciudadano ante la Justicia”.

Resalta el escrito de las acusaciones que la citación es anterior a la confirmación de su presencia en Brasil, y afean que no haya comunicado su ausencia con la máxima anticipación y aportando mayor justificación de las comunicaciones realizadas a fin de comprobar las fechas, y sobre todo de la necesidad perentoria de su presencia. A su entender, la esposa del presidente “debería dar prioridad absoluta a la citación judicial frente a cualquier actividad profesional o personal”.

Insiste el escrito en que la resolución pudo haber sido recurrida o se habría podido comunicar esta situación de forma inmediata, pero “no se hizo ni lo uno ni lo otro”. En consecuencia, consideran que ha habido “mala fe” al hacer una comunicación tardía que justifica su petición de medidas cautelares personales.

En concreto, piden al juez Juan Carlos Peinado que adopte medidas cautelares para garantizar la comparecencia de Begoña Gómez a su citación como es la prohibición de salida de territorio nacional, la retirada de pasaporte o las comparecencias quincenales.

Las acusaciones insisten en que es “impensable” que pueda ser suspendida su citación por una actividad que ni siguiera es propia y que no permite entender cuál es el papel que desempeñará la investigada en la cumbre mundial del G-20.

Además, teniendo en cuenta los delitos que se están analizando, y el ‘modu operandi’ de los mismos, consideran “contraproducente” permitir tal actividad y no sólo por el “evidente conflicto de intereses” en caso de desarrollar alguna actividad sino que “se encontraría en el mismo marco en el que, con anterioridad se han desarrollado la actividad delictiva analizada, teniendo en cuenta que los delitos se cometieron en un marco de encuentros y reuniones que tildados de ámbito profesional eran también actos institucionales en los que acudía la investigada y aprovechaba para su propia actividad empresarial, por lo que no es ni mucho menos descabellado afirmar que se abriría la posibilidad de reiteración delictiva”.