La vista contra los políticos del PP Rosendo Naseiro, Salvador Palop, Angel Sanchís, y el empresario José Balguer, acusados de un delito de cohecho por intentar conseguir fondos de forma irregular para el partido, continuó hoy con las alegaciones de las acusaciones populares, representadas por Unidad del Pueblo Valenciano (UPV) e IU.

El letrado de UPV, Juan María Bandrés, que se mostró partidario de continuar con el proceso una vez practicada la prueba fonográfica para verificar la autenticidad de la cintas, pidió a la sala que citara como testigos al ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), José Borell, y a los representantes legales de las grandes empresas constructoras españolas.

Bandrés consideró oportuna su comparecencia para investigar si existe alguna conexión entre el "caso Naseiro" y una reunión del ministro con los representantes de Ferrovial, Agroman y Dragados y Construcciones, en abril de 1991, en las que Borrel instó a los empresarios a que no pagaran comisiones a los partidos para obtener concesiones de obras.

Al igual que el fiscal, Bandrés se opuso a la anulación de la causay estimó que el discurso efectuado el día anterior por las defensas fue "un diseño bellísimo de la Justicia, que nada tiene que ver con el proceso que nos ocupa".

Aunque reconoció que existieron irregularidades en la obtención de las pruebas, defendió que las escuchas efectuadas por la policía en el domicilio de los Palop, fueron legales puesto que existió una autorización judicial.

No obstante, subrayó la necesidad de una nueva ley sobre el secreto de comunicaciones "que delimite con claridad lo delitos mínimos en los que se puedan autorizar las escuchas, incluido el de cohecho".

Bandrés destacó la gravedad de los hechos enjuiciados por la alarma social creada. "Que haya empresarios que pasen por el peaje de las arcas políticas, lesionan gravísimamente al Estado de Derecho, porque afecta al bienestar diario de lso ciudadanos; ésta es la auténtica inseguridad ciudadana", recalcó.

Asímismo, recordó que a diario ocurren vulneraciones de los convenios europeos cuando se establece la incomuncación para los acusados o se efectuan pruebas irregulares por que la justicia española carece de medios necesarios.

Subrayó que las mismas leyes rebatidas fueron aprobadas "por los mismos políticos que se sientan en el banquillo" y advirtió que deben ser aplicadas a todos los ciudadanos para evitar caer en una justicia de clases "al servicio de los poderosos y en contra de la sociedad".

Los abogados defensores estimaron el discurso de las acusaciones como "un discurso político muy sugestivo", seún Manuel Cobo del Rosal, y coincidieron en que la argumentación jurídica expuesta fue insuficiente.

Para Javier Boix, defensor de Sanchís, "no se ha conseguido una cntestación fundada a nuestras alegaciones", mientras que tanto Luis Rodríguez Ramos como Cobo del Rosal comentaron que remitirse a la falta de medios para justificar la vulneración de las garantías es "trivializar el Estado de derecho".

El presidente del tribunal, Enrique Ruiz Vadillo, manifestó que la sala no decidirá sobre la contiuación del juicio hasta al menos el próximo lunes.