En su transcurso, ocho destacados dirigentes empresariales se repartieron la tarea de analizar críticamente a situación económica, desde otros tantos puntos de vista: los tipos de interés, la fiscalidad, la formación profesional, las relaciones laborales, la deuda del Estado con las empresas, la agricultura, la Ley de Huelga y las pequeñas y medianas empresas.

El tono más crítico fue el empleado por el presidente de Fomento del Trabajo Nacional, Alfredo Molinas, encargado del capítulo tributario, quien aseguró que Hacienda practica el "terror fiscal" y sólo se preocupa de "desplumar" a los contribuyentes. A su juicio, el Gobierno ha abandonado los "principios de una fiscalidad sana" en aras de un "ansia recaudatoria" que le lleva a "ordeñar" a España hasta la extenuación en la confianza de que ya vendrán otros políticos a reanimarla.

Molinas señaló que, de 100 pesetas que le cuesta un trabajador a la empresa, 41 son cargas sociales y fiscales, por lo que "el empresario paga mucho y el trabajador tiene la impresión de que su remuneración es muy baja".

El presidente de los empresarios catalanes cncluyó su intervención pidiendo al Gobierno y a los parlamentarios "que nos digan en que invierten sus ahorros, para ver si así sabemos en qué futuro creen".

LA ENVIDIA DE TODOS LOS SINDICATOS

En el capítulo de las relaciones laborales, el vicepresidente de la CEOE, Arturo Gil, dijo que los sindicatos españoles, al amparo del Gobierno, han alcanzado una preponderancia social que es "la envidia de todos los sindicatos del mundo".

Advirtió que el incremento de los costes laborales se traducirá enun crecimiento del paro y puso como ejemplo de medidas a adoptar las anunciadas por los partidos de derecha triunfadores en las elecciones francesas.

Antonio Ramilo, presidente de los patronal gallega, se refirió al coste del dinero y señaló que los tipos actuales, del 18 por ciento, hacen imposible la rentabilidad de las empresas, y sería necesario reducirlos a la mitad.

Culpó de esta situación al déficit público, que obliga al Estado a competir con las empresas privadas en la captación de crédios, lo que provoca el encarecimiento de éstos. "Es como una habitación en la que hay un monstruo que aspira todo el aire", explicó.

CAMPO SALVAJE

El capítulo agrícola corrió a cargo de Pedro Barato, presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA), que calificó de "reconversión salvaje" la reducción de efectivos en el campo y estimó en más de dos billones de pesetas la deuda de los agricultores.

Añadió que la agricultura española se ve aprisionada entre la de los países europeos, quetienen tipos de interés más bajos y más ayuda de sus Gobiernos, y las del norte de Africa, con costes laborales muy inferiores.

No obstante, recalcó que los agricultores no quieren ser "una especie protegida, porque duran hasta que el protector quiere y nosotros no estamos en vías de extinción". También culpó de los problemas agrícolas al Tratado de Adhesión a la CE, por posponer hasta 1996 la fecha de la plena integración de productos como el tomate, las fresas y los albaricoques.

Sobre la Ley d Huelga, Gerardo Díaz Ferrán, un dirigente empresarial del transporte, volvió a exigir la prohibición de los piquetes en las jornadas de paro y advirtió que el actual proyecto aumentará la conflictividad y desalentará la inversión.

José Juan Pérez Tabernero, presidente de Jóvenes Empresarios, dijo que en España hacen falta 600.000 nuevos empresarios y responsabilizó al Gobierno del exceso de burocracia y a los sindicatos de provocar "un insoportable aumento de las horas perdidas por huelgas".

Rafel Ortíz, vicepresidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), advirtió que no aceptarán "reformas" del Impuesto de Actividades Económicas sino su supresión por "injusto, arbitrario y desusado en Europa".

ESPIRAL DE MOROSIDAD

En cuanto a la deuda de la Administración con las empresas, Margarita López Armendáriz, presidenta de los empresarios de Melilla, la cifró en más de dos billones y acusó al Gobierno de estar propiciando el hundimiento de muchas sociedades con sumorosidad.

Agregó que los retrasos del Estado han originado una espiral de morosidad que ha dejado a su paso un rastro de "empresas en quiebra", por lo que reclamó un acortamiento de los plazos en el proyecto de Ley de Contratatación que actualmente se tramita en el Parlamento.