El documeno en el que se basaba el juez instructor del caso, Joaquín Aguirre, para imponer la fianza a Manuel Prado es un peritaje que realizó el agente de la propiedad inmobiliaria sevillano Julio Ricca Salvador el 26 de abril de 1995, en el que valoró los terrenos de la sociedad Expovillas, que controlaba Prado, en 650 millones de pesetas, 850 menos de lo que Grand Tibidabo había pagado por ellos.

El auto dictado ayer por la Audiencia de Barcelona, y que deja sin efecto la fianza exigida al empresario, que fu vicepresidente de Grand Tibidabo cuando la sociedad estaba en manos de Javier de la Rosa, niega que el informa de Ricca, efectuado a instancias de Grand Tibidabo, sea una prueba suficiente para incriminar un delito a Prado y apunta que la cuestión de la valoración de terrenos es "susceptible de plurales lecturas".

Javier Nart manifestó que la resolución es "absolutamente revolucionaria" dentro de lo que significa el trabajo que hacen los jueces de guardia o de instrucción, porque a partir de ahora tedrán que tomar decisiones asegurándose de que son auténticas pruebas.

En este sentido, el letrado añadió que existe un contrasentido en la decisión de la Audiencia de Barcelona, ya que en el caso De la Rosa "todas las medidas tomadas por parte del juez y que han sido ratificadas y avaladas por la sala también eran documentales".

Nart insistió en que "las anteriores resoluciones también habían sido tomadas a base de pruebas documentales, incluso cuando se decidió mandar a Javier de la Rosa a prisin".