sta acusación formalizó hoy mismo en el Tribunal Supremo su petición de que Marino Barbero intervenga los libros de contabilidad requeridos al PSOE con la ayuda, si es preciso, de la Policía Judicial.

Según el escrito remitido al CGPJ, tanto Ramón Rubial como José María Benegas podrían haber incurrido en delitos de obstrucción a la Justicia, prevaricación y desacato por negarse a facilitar la documentación exigida por el juez y solicitar el amparo del Congreso y el Senado.

Asimismo, la acción poplar estima que el Consejo debe pronunciarse sobre si el juez Barbero ha sido "inquietado" en su independencia por parte de la Fiscalía General del Estado y del Ministerio de Justicia, tal y como afirma en un último informe enviado a la sala, que deberá resolver sobre la competencia del Alto Tribunal para instruir la causa.

Además, cree que la actitud del Partido Socialista al pedir la mediación de las dos Cámaras "inquieta absolutamente" al juez Barbero.

Esta acusación había solicitado ya la intevención del Consejo cuando transcendió el primer auto de Barbero en el que acusaba al fiscal del caso de "falta de objetividad y serenidad", por estimar que las declaraciones posteriores del ministro de Justicia constituían un atentado a la independencia e imparcialidad del magistrado.

Sin embargo, la Comisión Permanente de este organismo archivó el escrito alegando que el Consejo no podía entrar en el fondo del asunto porque su amparo no había sido solicitado personalmente por el juez.

No obstane, la acusación entiende que "da igual" si el magistrado se dirige directamente al Consejo, "cuando en su informe ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha hecho constar de forma clara su sentimiento de afectación a la independencia, que ha sido ratificado por una conducta que todos los juristas consultados han estimado como extemporánea e ilegal", en referencia a la carta enviada por el PSOE al Parlamento.