Todos los grupos parlamentarios, a excepción del socialista, reclamaron hoy en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, con motivo de la comparecencia del ministro Jesús Caldera, la tramitación parlamentaria del decreto que el Ejecutivo quiere aprobar a lo largo del mes de junio para que esté en vigor el 1 de julio.

Una vez que el decreto ley sea aprobado por el Consejo de Ministros, el Gobierno deberá lograr su convalidación en el Congreso. El Pleno de la Cámara Baja decidirá entonces si se cierra ahí el proceso o se tramita la norma como proyecto de ley.

José Eugenio Azpiroz, del PP, indicó que, como en la reforma de 1997 y la de 2001, la tramitación de la reforma debe hacerse como proyecto de ley, y no sólo con la convalidación del decreto que remita el Gobierno.

Desde el PP se valora "en positivo" lo que han hecho los interlocutores sociales, "pero ésta es la soberanía popular", indicó Azpiroz en sede parlamentaria.

El resto de grupos parlamentarios también pedirán la tramitación como proyecto de ley del decreto que a lo largo del mes de junio tiene previsto aprobar el Ejecutivo.

El portavoz de Trabajo y Asuntos Sociales de CiU, Carles Campuzano, citó a uno de los padres de la Constitución, Gregorio Peces-Barba, para defender la legitimidad de las Cortes Generales para modificar el Estatuto de los Trabajadores, como hace el acuerdo social.

El contenido del acuerdo "se respeta", pero ha de respetarse también la legitimidad que tiene el legislativo, garante de la soberanía popular, para hacer las leyes. Campuzano reclamó, incluso, que José María Cuevas (CEOE), Cándido Méndez (UGT) y José María Fidalgo (CCOO) expliquen en el Parlamento el contenido de la reforma.

ERC, a través de Joan Tardá, indicó que en el Parlamento "nos merecemos" poder tramitar esta reforma como proyecto de ley, ya que de lo contrario se estaría "secuestrado" por el acuerdo entre Gobierno y agentes sociales.

En el mismo sentido se expresaron desde el Partido Nacionalista Vasco, IU-ICV, el Bloque Nacionalista Galego y Nafarroa Bai.

Caldera señaló en su réplica que "voy a respetar lo que ustedes decidan", ya que la soberanía de decidir si el decreto se tramita como proyecto de ley es del Congreso.

En todo caso, el ministro afirmó que el contenido del acuerdo alcanzado entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos "convendría respetarlo" tras el trabajo realizado, como se hizo tras el pacto de 1997, que "no se modificó prácticamente".

Para cambiar aspectos no contenidos en el acuerdo "deberíamos utilizar otras vías", aseveró el ministro, "pero el Parlamento es soberano" para tomar otras vías.

APROVECHAR EL PLAN

En su intervención inicial, Caldera animó a los empresarios a aprovechar el periodo extraordinario de seis meses que se abrirá el 1 de julio para recibir ayudas por la conversión de empleo temporal en indefinido.

El titular de Trabajo resaltó que "éste es el momento de la conversión" de empleos temporales en indefinidos, "no va a haber otra". Habrá ayudas de 800 euros anuales durante tres ejercicios. El Gobierno persigue lograr "un rápido e intenso crecimiento de la contratación indefinida".

Así, los nuevos contratos temporales "serán más caros", tendrán una cotización por desempleo más alta, carecerán de bonificaciones, salvo casos excepcionales, y estarán sometidos a un mayor control por parte de la Inspección de Trabajo. Se "abarata" el empleo fijo -pagará menos por desempleo y "se encarece el precario".

Caldera defendió la reforma lograda con el acuerdo de los agentes sociales y apuntó que hubiese sido "poco prudente y desacertado" hacer cambios "tajantes y radicales", con el fin de no poner en riesgo el actual ritmo de creación de empleo, con un mercado de trabajo que "funciona increíblemente bien".

Se ha logrado un pacto "ambicioso", "coherente" y "realista", que va a ser, además, "eficaz y eficiente", añadió el titular de Trabajo y Asuntos Sociales.

OPOSICIÓN

El portavoz de Trabajo y Asuntos Sociales del PP, José Eugenio Azpiroz, se felicitó de la consecución del acuerdo, aunque lamentó, entre otras carencias, la ausencia de medidas destinadas a reducir la temporalidad en el sector público, que es "donde más ha crecido" en los últimos años, sobre todo en las corporaciones locales. El PP presentará una proposición no de ley al respecto.

Caldera replicó que la tasa de temporalidad en la Administración Central es del 7%, por lo que donde se concentra el volumen de contratos temporales es en comunidades autónomas y ayuntamientos, aunque hay ya un acuerdo social para reducir esos niveles.

Lo que también echan en falta los populares medidas en favor de la conciliación de la vida familiar y laboral, formación de los trabajadores y lucha contra la siniestralidad, amén de la "preocupación" suscitada entre las comunidades autónomas por el nuevo modelo de formación profesional y continua que ultima el Gobierno.

"Lamentamos que este acuerdo, tras tanto tiempo y tantas expectativas, no aborde aspectos necesarios" para que la economía y empleo sigan creciendo, aunque en el PP "nos tendrán remando" en la dirección de "mejorar la calidad y la cantidad del empleo".

Carles Campuzano, portavoz de Trabajo y Asuntos Sociales de CiU, indicó que la reforma va en la buena dirección, pero la calificó de "insuficiente" y lamentó que históricamente las reformas en profundidad se hayan hecho en situaciones de crisis.

"Más tarde o más temprano", advirtió Campuzano, se tendrá que abordar la generalización del contrato con despido de 33 días por año trabajado.

LEGITIMIDAD

El portavoz de Trabajo y Asuntos Sociales de ERC, Joan Tardá, apuntó que, con el plan de choque para convertir a temporales en indefinidos, "se puede estar primando" a los que lo han estado haciendo mal en los últimos años.

Expresó dudas sobre algunos aspectos de la reforma y echó en falta, tras las iniciativas retiradas a petición del Gobierno por parte de ERC, medidas en favor de la conciliación de la vida familiar y laboral.

Emilio Olabarría, portavoz del PNV en la Comisión, denunció la falta de "legitimidad de origen" que tiene el acuerdo al no haber sido negociado con el sindicato nacionalista vasco ELA, próximo al PNV, cuando el Gobierno "tenía la obligación legal" de contar con este sindicato, lo que puede llevar a la "nulidad radical" del decreto que pretende aprobar el Ejecutivo.

Olabarría reprochó a Caldera que haya dado hasta "nueve ruedas de prensa" para explicar el acuerdo antes de comparecer en el Parlamento. Ha faltado, en opinión del parlamentario peneuvista, "interlocución política".

La portavoz de Trabajo y Asuntos Sociales de IU-ICV, Carme García, incidió en que el acuerdo alcanzado "podría haber sido muchísimo mejor" y apuntó que, aunque hay "puntos fuertes", también hay "enormes debilidades".

Admitió avances como la limitación del encadenamiento de contratos, que puede frenar el "abuso descomunal" de la temporalidad; la definición de la cesión ilegal de trabajadores, y la ampliación de los derechos de información de los empleados en contratas y subcontratas.

Entre los negativos, se refirió a la recuperación de la posibilidad de convertir temporales en indefinidos hasta el año 2008, y a la rebaja de las cuotas empresariales por desempleo y Fogasa, cuando el superávit existente debería destinarse, en su opinión, a mejorar el seguro de paro de forma "más ambiciosa".

Olaia Fernández, del BNG, reprochó que las ayudas son más intensas para los empresarios que las dirigidas a mejorar la empleabilidad de los trabajadores, y que no se haya contado con sindicatos nacionalistas para la reforma.

Por parte de Nafarroa Bai, Uxue Barkos preguntó al Ejecutivo por el coste de la reforma y se unió a la crítica por el "déficit de representatividad territorial" que supone el que la firma se haya hecho sólo con CCOO y UGT.