De Prada indicó que el propósito del convenio es establecer un cauce de colaboración entre los notarios y las organizaciones de consumidores, dejando claro que los compradores tienen libertad para elegir el notario de su preferencia.

En su opinión, las personas que van a comprar una vivienda "necesitan de una protección especial" y los notarios stán obligados a dar una mayor protección "a la parte contratante más débil".

Las operaciones de compras y ventas de pisos entre particulares era un foco especialmente importante de fraude fiscal antes de la entrada en vigor de la Ley de Tasas, en abril de 1989, cuando era una práctica frecuente escriturar un piso por un valor inferior al real, a fin de pagar menos impuestos.

Las inspecciones realizadas por Hacienda a partir de la entrada en en vigor de dicha ley permitieron constatar que el valo declarado en la compra-venta de inmuebles era, en promedio, un 80 por ciento inferior al real.

En 1990, la Administración central y las autonómicas se comprometieron a revisar todas las valorciones realizadas desde la entrada en vigor de la Ley de Tasas, a fin de hacer tributar a compradores y vendedores por la cuantía que no hayan declarado a Hacienda.

La Ley de Tasas establece que el vendedor tributará a un 20 por ciento en el IRPF por la diferencia entre lo declarado en la transacción y el vaor establecido en el peritaje realizado por la Administración.

Además, Hacienda ha instruido a los Colegios de Notarios y Registradores para que hagan desistir a los particulares que requieran sus servicios de escriturar los pisos por un valor distinto al real.