Tan sólo quedaría una tarifa refugio para consumidores domésticos y pymes que suministrarán los llamados Suministradores de Último Recurso, que serán designados por el Gobierno.

Hasta esa fecha, la labor del suministro de electricidad será competencia de la figura intermedia del Comercializador a Tarifa Regulado. Este período es necesario para acercar la tarifa a la futura tarifa refugio, que marcará la Administración.

Esta es una de las consecuencias de la transposición de las directivas comunitarias sobre los mercados interiores de gas y electricidad, que el Gobierno ha decidido acometer, aunque con retraso, para avanzar en la liberación de los sistemas energéticos españoles, fomentar la competencia e incrementar la transparencia de los mercados.

Entre las principales modificaciones, destaca la separación jurídica y funcional entre las empresas que transportan o distribuyen energía y aquéllas que suministran o comercializan.

PLAZOS

Los plazos para aplicar esta separación será de seis meses para el sector eléctrico y de doce meses para el del gas natural.

Los anteproyectos de ley se complementarán con otras modificaciones regulatorias que, aunque no están exigidas por las directivas, se consideran necesarias.

Entre ellas destacan la reducción al 1% de la participación de las empresas gasistas en la operadora de la red de transporte Enagás, con el fin de reforzar su independencia, y la creación de una Oficina responsable del Cambio de Suministrador.

También se suprimen las autorizaciones administrativas para los intercambios de electricidad con países de la Unión Europea y se reservan para terceros países (Marruecos).