De acuerdo con el texto aprobado, el personal funcionario que resulte adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo o a alguno de sus organismos autónomos, mantendrá la cuantía de las retribuciones brutas que viniera recibiendo.

Esta garantía desaparecerá cuando el personal afectado se traslade a otro puesto de forma voluntaria.

Estas medidas, que no tienen incidencia en el gasto público, on consecuencia de la transferencia a las comunidades autónomas de los servicios de asistencia sanitaria que prestaba el Instituto Nacional de la Salud.