El convenio busca identificar vacíos en la política agraria y apoyar iniciativas que impulsen el acceso a tierras de las personas desplazadas, ofreciéndoles incluso asesoría jurídica para que se tengan en cuenta sus derechos como víctimas.

Según el Representante en Colombia de ACNUR, Jean Noël Wetterwald, hay una diferencia muy grande entre la magnitud de las tierras arrebatada a la población desplazada (entre 4 y 6 millones de hectáreas) y las tierras que las autoridades han adjudicado en los últimos años (2002-2006) a las personas desplazadas (unas 22.OOO hectáreas).

Según un estudio publicado por la Comisión de la Sociedad Civil para el Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, el 78 por ciento de las personas desplazadas procede de zonas rurales, el 70 por ciento dejó tierras abandonas, y el 82 por ciento no ha tenido acceso a programas de generación de ingresos.

Mediante dicha sentencia, la Cortes Constitucional de Colombia ordenó al Estado que atendiera de manera prioritaria a la población desplazada.

Los magistrados argumentaron que las instituciones del Estado no sólo vulneraban sino que desconocían mucho de los derechos humanos de los desplazados.