La UPA denunció que los intentos de la ministra de impedir las manifestaciones obedecen a "un pacto ilícito alcanzado con el comisario Fischler, aceptando una reforma rápida que no respeta las reivindicaciones planteadas en la Mesa del Aceite", que reúne los distintos intereses del sector.

A su juicio, el pacto alcanzado por ambos el pasado día 9 en Bruselas "resultará enormemente perjudicial para la gran mayoría del sector olivrero español".

Igualmente, la organización considera inadmisible que la ministra "haya aceptado sin sentarse a negociar la distribución de un cupo de producción por país, ya que en ningún caso este cupo va a alcanzar la producción real de España".

La UPA reprocha a De Palacio haber optado por "defender sólo una parte del sector del olivar, la más poderosa, frente a los intereses mayoritarios representados por los pequeños y medianos olivareros".

En su opinión, la aceptación de una cantidad mxima garantizada por país "repercutirá directamente en penalizaciones y bajadas de precio, lo que hará inviable económicamente el mantenimiento de pequeños olivareros y el olivar de baja producción, provocando la desaparición de miles de explotaciones".

La organización de agricultores criticó el "cambio de actitud" de la ministra respecto a la propuesta del comisario Fishler, y la "actitud contradictoria" de éste por aprobar la reforma "de forma urgente" cuando antes pretendía retrasarla hasta clarifiar los datos de producción de la Unión Europea y el funcionamiento del sistema de ayudas vigente.