Consideró que esa denuncia es una acción de "carácter ordinario" de la Agencia del Aceite de Oliva, que tiene entre sus misiones el control del fraude que pueda haber entre las declaraciones que hacen almazaras y cooperativas y la cantidad real de aceite que se produce.

"Estamos ante un caso en el que se demuestra que las instituciones funcionan bin y que es muy difícil que se produzcan situaciones de fraude, con la escrupulosidad con la que estamos actuando en España con el tema de las ayudas comunitarias, tanto en este caso por parte de la Comunidad Autónoma de Anadlucía como de la Agencia del Aceite del Oliva, que perenece a la Administración Central", afirmó.

Amarillo opinó que "es de lamentar que haya defraudadores. Dan una imagen muy mala entre el gran público. Pero, por otro lado, el que se les descubra, el que rara vez surjan y el que etas cuestiones se corten, añade, por otro lado, factor de confianza. Es decir, que la desconfianza que genera su existencia, se compensa con la eficacia de los organismos controladores y encargados de velar por que esto no se produzca".