En la sentencia, de 17 de febrero, el Alto Tribunal recuerda "el interés del Estado a asegurarse la recaudación derivada de una clase concreta de tributos: los que gravan la realización de los juegos de suerte, envite o azar, y no debe olvidarse que los tributos son la principal fuente de financiación de los gastos públicos del Estado".

En España existen aproximadamente unas 35 asociaciones o federaciones que explotan unas 30 rifas ilegales que venden unas 4.000 personas y que, además, utilizan de manera fraudulenta el sorteo de la ONCE con unos boletos similares a los de la Organización Nacional de Ciegos.

Se calcula que la venta de boletos no autorizada en todo el territorio español, sin control de la Hacienda Pública, mueve 180 millones de euros al año (unos 30.000 millones de las antiguas pesetas).