Añadió que "me cuesta creer que precisamente estos dos señores, que no han dado ningún síntoma de arrepentimiento, ni mucho menos, precisamente hayan sido los dos presos mejor rehabilitados de la historia penitenciaria española".

Galán, que explicó que técnicamente no pueden recurrir la concesión del tercer grado, acusó al presidente del Gobierno, Felipe González, y al ministro del Interior, Antoni Asunción, de presioar al titular de Justicia, Juan Alberto Belloch, al pronunciarse a favor de esa clasificación para los ex policías.

Dijo que le parece "intolerable" e "inaceptable" que Asunción "se siga creyendo secretario de Instituciones Penitenciarias y siga haciendo comentarios, sugerencias o presión sobre asuntos que no son de su departamento".

"Es una presión intolerable, porque la democracia además se caracteriza porque cada institución tiene sus propias competencias y límites", insistió Galán, quien matió que sería diferente en el caso de un indulto, ya que el Consejo de Ministros tiene la potestad colegiada para concederlo.

"Unicamente se puede explicar su acción de 'lobby' o de grupo de presión con un sentido de solidaridad de presunto delincuente por malos tratos", añadió.

A su juicio, si el pronunciamiento de González sobre este asunto significa una orden al ministro de Justicia, "nos hemos quedado sin ministro, porque Belloch se ha terminado como ministro, ya que le queda o una dimisión diga, en coherencia con sus propuestas de independencia que formuló al aceptar el cargo, o seguir allí con una falta de credibilidad absoluta. En cualquier caso se ha perdido un ministro que parecía prometedor".

En la actualidad, Amedo y Domínguez continúan implicados en dos sumarios por el 'caso Gal'. En uno de ellos, el que instruye el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por el secuestro de Segundo Marey por parte de ese grupo, la acción popular está tratando de personarse como parte. Además, ha solicitado a la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que reabra el sumario contra Francisco Paesa, al que acusa de cometer un delito de falso testimonio por inducción al coaccionar a la testigo "Blanca" Balasategui para que declarara en favor de los ex policías Amedo y Domínguez.