Así consta en la propuesta del comisario europeo de Mercado Interior, Federick Bolkestein, que pretende llevar a España y Holanda ante los tribunales por hacer valer el veto que mantienen en algunas empresas recientemente privatizadas o semiprivatizadas.

Por el contrario, la vicepresidenta de la Comisión Europea, la española Loyola de Palacio, se muestra más favorable a abrir en el seno de la UE un debate sobre la claridad de la normativa que rige estos asuntos que, según ha dicho, es poco precisa.

De hecho, por asuntos similares a los de España y Holanda ya hansido denunciados ante el Tribunal de Luxemburgo países como Francia, Portugal y Bélgica y ya ha sido condenado Italia, por su intervención en la petrolera ENI y Telecom Italia.

Según informaron a Servimedia fuentes cercanas a la Comisión Europea, De Palacio pretende abrir el debate por la escasa claridad de la normativa comunitaria actual y, para ello, se apoyará en una comunicación interna de la propia Comisión.

Esta comunicación, fechada en 1997 y sin carácter normativo, abrió en 1997 el deate sobre los aspectos jurídicos que afectan a inversiones intracomunitarias y el derecho conferido a los Estados a vetar determinadas decisiones de las empresas.

INSEGURIDAD JURIDICA

En este sentido, el escrito precisa que ese derecho de veto, para no obstaculizar el ejercicio de la libertad de capitales en la UE, debe reunir cuatro requisitos: que se aplique de manera no discriminatoria, estar justificado por "razones imperiosas de interés general", debe garantizar la realización del objetivo qu persiguen y no ir más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

Ahora bien, en la referencia al interés general, el escrito asegura que este concepto "puede encubrir criterios tanto económicos como no económicos" ya que no es "sufientemente transparente" y puede introducir un elemento de "discriminación respecto a los inversores extranjeros y dar lugar a una inseguridad jurídica".

Finalmente, el escrito, como solución a este problema, planteaba un diálogo permanente entre la Comisió Europea y los Estados miembros, para impulsar que las libertades fundamentales por las que aboga la normativa de la UE -también la libertad de circulación de capitales-, pueda ponerse en practica "de forma armoniosa".

Esto es la tesis que mañana intentará hacer valer la vicepresidenta de la CE, Loyola de Palacio, antes de que el Colegio de Comisarios decida si denuncia o no a España y Holanda.

Recientemente, España ha utilizado su derecho de veto para impedir la fusión de Telefónica con la hlandesa KPN, alegando que esta empresa mantenía una parte de su accionariado en manos del Gobierno holandés.