De acuerdo con este estudio, la falta de medidas preventivas en las empresas provocan que cada año se aumenten los presupuestos de la Seguridad Social para afrontar la siniestralidad aboral. Para 1997, según el estudio de UGT, el presupuesto es de 546.000 millones, un 36% más que este año.

El estudio destaca que, además del coste directo para la Seguridad Social, los accidentes de trabajo también suponen unos costes importantes para las empresas, que son muy difíciles de cuantificar y que en el caso español podrían situarse en 1996 entre 800.000 millones y dos billones de pesetas.

Según los datos de UGT, la mayor parte del gasto ocasionado por los accidentes de trabajo a la Sguridad Social en 1996 correspondió a prestaciones económicas, un total de 271.816 millones de pesetas, siendo el capítulo más importante el de pensiones.

En concreto, hasta diciembre de 1996 se abonaron 227.595 pensiones derivadas de accidentes de trabajo, que supusieron un gasto para la Seguridad Social de 212.812 millones de pesetas. De ellos, 144.937 millones se destinaron a pensiones de invalidez, 57.896 a pensiones de viudedad, 7.959 a pensiones de orfandad y 2.020 millones a pensiones en favor e familiares.

Según el estudio de UGT, los gastos mensuales en pensiones que para la Seguridad Social supusieron los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ascendieron a casi 17.000 millones de pesetas el pasado ejercicio. Dentro del capítulo de prestaciones económicas, también fueron importantes los gastos por incapacidad temporal, que ascendieron a 65.370 millones.

Además del gasto en prestaciones económicas, otros gastos importantes para la Seguridad Social provocados por la siniesralidad laboral fueron los de asistencia sanitaria, que ascendieron a 78.358 millones en 1996, servicios sociales (8.040 millones) y tesorería e informática (43.540 millones).

A juicio de los autores del estudio, el constante incremento presupuestario para hacer frente al coste de los accidentes laborales supone una importante transferencia de costes de quien tiene la responsabilidad e impone unas determinadas condiciones de trabajo, es decir, de las empresas, hacia el Estado.