El informe, facilitado a Servimedia, pone de manifiesto que el coste mayor derivó del pago de las prestaciones económicas, por un importe de 264.391 millones de peetas. El resto se debió a gastos de asistencia sanitaria (73.585 millones), servicios sociales para personas en recuperación (6.666 millones) y tesorería e informática (73.167 millones).

Los 264.391 millones de prestaciones económicas comprenden tanto las pensiones de larga duración a que tienen derecho las personas (o sus familiares) que sufrieron lesiones permanentes por los accidentes como las prestaciones de incapacidad transitoria o invalidez provisional otorgadas a quienes están en vías de recupración.

En concreto, las pensiones de invalidez requirieron un desembolso de 125.585 millones de pesetas, lo que supone un incremento del 19,9 por ciento respecto al ejercicio anterior. Los beneficiarios fueron 113.909.

Las pensiones de viudedad abonadas a las esposas de los trabajadores fallecidos en accidente requirieron otros 50.047 millones de pesetas, con un aumento del 14,7 por cien. Los beneficarios eran 50.047.

Las de orfandad (para los hijos de los accidentados muertos) y las pagada a otros familiares exigieron un gasto de 8.330 y 2.028 millones de pesetas, respectivamente. Las recibieron 10.358 personas.

INCAPACIDAD TRANSITORIA

Más moderada resultó la evolución del gasto en la incapacidad laboral transitoria (derivada de accidentes o patologías profesionales, sin incluir las derivadas de enfermedades comunes), que ascendió a 45.684 millones, lo que supuso un incremento del 8,8 por cien.

La invalidez provisional, a la que se accede si el trabajador no se ha recuperado a ls dieciocho meses de esta en situación de incapacidad transitoria, absorbió otros 2.271 millones

UGT asegura que "los datos son lo suficientemente escalofriantes como para el desarrollo urgente de una política nacional de prevención de accidentes, cuyos costes sean compensados con creces por una reducción de los costes que conllevan los accidentes causados realmente, como la pérdida de la calidad de la vida humana y el gasto en tratamientos y rehabilitación".

A su juicio, "se requieren cambios prfundos en los comportamientos sociales de los tres agentes principales en la prevención: trabajadores, empresarios y poderes públicos".

Para UGT, los costes con los que carga la Seguridad Social por los accidentes y enfermedades profesionales son consecuencia mayoritariamente de la inaplicación de medidas preventivas por parte de las empresas.

"Esto supone una importante transferencia de costes de quien tiene la exclusiva responsabilidad e impone determinadas condiciones de trabajo hacia el propi Estado. En defintiva, en un alto porcentaje, los trabajadores además de sufrir unas pésimas condiciones de trabajo, encima pagan económicamente las consecuencias derivadas de esas mismas condiciones", señala el informe.