"Este coste es tan insoportable para la sociedad como son los accidentes en sí mismos", añadió Nieto, que aseguró, además, que el porcentaje del PIB que representaron estos 13.085 millones de euros en 2003 es bajo si se tienen en cuenta las estimaciones hechas por la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, que sigue fijando este tipo de costes entre un 2,6 y un 3,8% del Producto Interior Bruto.

La cifra de 13.085 millones de euros es la suma de los costes explícitos (7.194 millones de euros), que supusieron el 55% del total, y de los implícitos (5.891), que completan el 45% restante.

Dentro de los explícitos se incluye el coste de las 20.598.495 jornadas laborales perdidas, que ascendió a 1.716 millones de euros y supuso el 13% del coste total, y el de la cobertura de riesgos profesionales, de 5.478 millones de euros, lo que constituyó el 42% restante.

En cuanto al apartado de costes implícitos, referido a los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales financiados con impuestos, el informe señala que el 16% de los procesos del sistema público de salud tiene un origen laboral.

Además, Joaquín Nieto señaló que dentro de este apartado hay que tener en cuenta los costes referidos a trabajadores autónomos (1.441 millones de euros), que representan el 11% del total de este grupo (45%); los de economía sumergida (1.178), con el 9%; los de los afiliados a MUFACE (329), 2%; los gastos del sistema público no declarados como accidentes laborales (2.832), 22%, y las sanciones hechas por la inspección de trabajo (111), 1%.

Todos estos grupos, dijo, también se accidentan y enferman como consecuencia del trabajo y sin embargo, su invisibilidad en el registro lo oculta.

PLAN DE SINIESTRALIDAD LABORAL

Por otra parte, el secretario confederal de Medio Ambiente y Salud Laboral de Comisiones Obreras pidió al Gobierno central que ponga en marcha el Plan Estratégico Nacional para abordar el problema de la siniestralidad laboral, anunciado por Zapatero hace tiempo, pues es un asunto "urgente" que hay que abordar desde "el diálogo social". Esa estrategia, añadió, tiene que suponer un nuevo impulso del que salga un listado de medidas para frenar la siniestralidad en el trabajo.

"Sería necesario", continuó, "que se convocara una mesa de diálogo para la prevención de los riesgos laborales", donde el primer asunto a abordar sería el de la calidad de la prevención, que ahora es "baja". También se pediría, según Nieto, la participación de los trabajadores en la elección del sistema de prevención de riesgos laborales.

Con respecto al proceso de regularización de inmigrantes por la vía laboral que ha comenzado hoy y que se prolongará hasta el próximo 7 de mayo, Joaquín Nieto indicó que "va a mejorar sensiblemente" la protección de la salud laboral de este colectivo, especialmente del que trabaja en el campo, donde se manipulan sustancias tóxicas peligrosas para la salud.