Así lo establece el anteproyecto que el Gobierno desea sacar adelante de Ley General de Telecomunicaciones, en el que se fija la obligación de toos los operadores, no sólo de Telefónica, de financiar el coste de dicho servicio universal. No obstante, se facilita a aquellos competidores de Telefónica que lo deseen la posibilidad de dar servicio universal en una zona determinada, a un coste igual o inferior y con similares niveles de calidad que ofrezca el operador dominante.

El anteproyecto, que otorga al Gobierno la posibilidad de ampliar el concepto servicio universal, define éste como el acceso de todos los ciudadanos al teléfono básico, es ecir, las llamadas locales, provinciales e internacionales, así como la transmisión de fax y datos.

También forman parte de dicha garantía universal el derecho de todos los ciudadanos a figurar en una guía actualizada e impresa y a disponer de ella, con independencia del operador que le preste el servicio, y la oferta suficiente de teléfonos públicos, así como la facilidad de acceso para usuarios discapacitados.

Para costearlo, se creará un Fondo Nacional del Servicio Universal de Telecomunicacioes, nutrido con las aportaciones económicas de todos los operadores que deban financiarlo, es decir, los que exploten redes accesibles al público y los que presten servicios telefónicos disponibles para el público.

La gestión del Fondo correrá a cargo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), órgano independiente del Gobierno que pretende ser el árbitro del sector en los contenciosos entre empresas y usuarios y que dispondrá de potestad sancionadora.

Así, la CMT deberá controlarsi se cumplen las obligaciones de servicio universal, deberá gestionar el fondo para financiarlo, determinará el coste neto de este servicio y las aportaciones que deberán hacer los operadores obligados, además de dar publicidad anualmente mediante un informe de estas tareas.