Según la sentencia, sala no tenía itención deliberada de faltar a la legalidad mientras era concejal-presidenta del distrito de Sants-Montjuic, en marzo de 1990. Mercè Sala estaba acusada de haber ordenado el cierre con rejas de un bloque de pisos de alquiler que no reunían las condiciones de seguridad ni tenían licencia municipal para ejercer como hotel.

Para el tribunal, la actuación de la actual presidenta de Renfe fue adecuada y proporcionada a la finalidad perseguida, y ésta respetó siempre la ley de procedimiento administrativo. El ministerio fiscal pedía 6 años de inhabilitación y destierro para Mercè Sala por ordenar el cierre de los apartamentos Tamara e impedir el paso de los inquilinos a sus viviendas.

El tribunal, sin embargo, considera que este último hecho no pudo ser comprobado porque ninguno de los vecinos comapreció el día del juicio, celebrado el pasado 7 de octubre.

La sentencia considera también que en el juicio quedó probado que los citados apartamentos no se alquilaban según la ley de arrendamiento sio en régimen de hospedaje, y que por tanto, necesitaban un permiso de actividad turística.

Según la Audiencia de Barcelona, Mercè Sala tampoco vulneró los derechos fundamentales de la persona cuando se exigía a los residentes de los apartamentos que se identificaran. Esta medida era adecuada y necesaria con el fin de conseguir que el propietario de los pisos no ejerciera la actividad turística.

El tribunal absolvió también a Joan Jubert, que en el momento de los hechos era el coordinador del distito y que, durante la vista, exculpó a Sala y se hizo absoluto responsable de la clausura de actividades de los apartamentos.