El tribunal no consideró relevante el hecho de que los procesados formaran parte o no de una secta o de una comunidad religiosa y tampoco dio importancia al nombre del grupo, que decía llamarse La Familia, o a su estructura.

Según la sentencia hecha pública hoy, la comunidad a la que pertenecían los acusados es de contenido religioso y no vulnera la seguridad del Estado, por lo que no se puede tipificar como asociación ilícita. En el fallo se menciona también la libertad y la tlerancia del Estado hacia todas las asociaciones.

Para el tribunal, los inculpados son absueltos de los delitos de estafa porque no existe engaño ni ánimo de lucro. Durante el juicio, los diez presuntos ex adeptos aseguraron que recibían limosnas para ayudar a otras personas y que vendían su propio material como medio de ganarse la vida.

Asimismo, la sentencia considera que no había ningún ánimo de lesión de los acusados hacia sus hijos y que tampoco se les puede acusar de fundación de escuela ilgal. En la vista pública, los procesados explicaron que una profesora titulada se ocupaba de la educación de los 22 menores que vivían con ellos.

Entre el verano de 1990 y el de 1991, tras ser desarticulado el grupo, los 22 hijos de los miembros del mismo estuvieron en un centro de menores de la Generalitat, apartados de sus padres, aunque después recuperaron la tutela de los niños por decisión de la Audiencia.