En concreto, el Ministerio Público pidió al tribunal que impusiese a Torralba una condena de diez años de prisión, al considerarle culpable de un delito de estragos terroristas en grado de tentativa.

Pero los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, presididos por la jueza Ángela Murillo, consideran que "no resulta acreditado que Torralaba interviniera en la colocación del artefacto explosivo", según consta en la sentencia hecha pública hoy.

Según el Ministerio Público, en la mañana del 10 de julio de 2000, Torralba colocó un artefacto explosivo en los lavabos de la empresa Laborman, situada en la avenida de Burgos de Madrid.

Después de que una llamada de teléfono realizada por una mujer alertara a la Jefatura Superior de Policía de Madrid de la colocación de la bomba, los agentes desalojaron el inmueble en el que estaba situada la empresa de trabajo temporal y localizaron el explosivo.

Efectivos de los Tedax consiguieron desactivar el artefacto, que estaba formado por 760 gramos de un compuesto de hierro y aluminio y 40 gramos de pentrita.

En su sentencia, los magistrados señalan que "no podemos considerar responsable al acusado por falta de pruebas de entidad suficiente como para fundamentar en las mismas el dictado de una sentencia condenatoria con la certeza y seguridad jurídica que requiere un pronunciamiento de tal naturaleza".

"El único material probatorio que sobre Torralba pesa lo constituye sus propias declaraciones que adolecen de gran ambigüedad", indica la resolución.

La única prueba externa presentada por la Fiscalía contra Torralba la constituía unas anotaciones manuscritas sobre el atentado contra la empresa de trabajo temporal encontradas en un piso de París utilizado por la dirección de los Grapo y en la que se hallaron varias huellas del acusado.

El tribunal explica que no puede dar valor probatorio a este indicio ya que en las anotaciones también aparacieron huellas "de muchas otras personas".