José Francisco B.P. reconoció durante el juicio celebrado hoy que en noviembre de 1993 pidió el dinero al abogado de la empresa de automóviles G.H., "pero por puro teatro, lo hice para pulsar el ánimo de la misma ante el expediente de regulación de empleo que estaba tramitando".

Por su parte, el juez dijo que la actitud de exigir la entrega de dinero a una empresa para evitar tensiones en el seno de la misma, hubiese teatro o no, merece un reproche social por ser impropio de una persona que entonces era dirigente sindical, pero no es constitutivo de delito.

El fiscal, que inicialmente solicitaba tres meses de arresto y multa de 200.000 pesetas, pidió la absolución, mientras que el letrado de la acusación particular, ejercida en nombre de CCOO, pidió cuatro meses de arresto y 00.000 pesetas de multa.