El tribunal estima sólo responsables a José Naranjo, encargado de los Servicios Generales y de Mantenimiento del Ayuntamiento, y a los electricistas municipales Nicolás Hipólito Prieto y Juan Carlos Rodríguez Gabaldón, a los que condena a seis meses de arrestoa indemnizar con 20 millones de pesetas a los padres del pequeño.

La sala absuelve asimismo al director de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, Francisco Eduardo Domenech, y declara la responsabilidad civil directa y subsidiaria a la compañía de seguros Generali y al municipio, respectivamente.

La sentencia exime de culpa al ex concejal y a Francisco Eduardo Domenech por estimar que eran los "responsables políticos" del buen funcionamiento de los servicios técnicos municipales, pero "ni conoían ni estaban obligados a conocer" la existencia de una avería concreta.

Tampoco considera probado que existiera en la localidad un servicio deficiente del mantenimiento del alumbrado público, como denunciaron las acusaciones, en cuyo caso sí hubiese podido hablarse de cierta responsabilidad de los dos procesados.

Los hechos se remontan al 29 de agosto de 1990, cuando el niño Enrique Alcántara Durán se encontraba junto a sus padres y unos familiares en una terraza de la calle Jaime I el Conquistdor de Parla.

Mientras Enrique jugaba con otros niños se agarró a una farola que no tenía tapa de registro, por lo que los cables salían hacia el exterior. El pequeño recibió una descarga eléctrica que le pordujo la muerte inmediata.

Según quedó probado durante el juicio oral, que se celebró la semana pasada, la farola, de cuyo mantenimiento se encargaban los servicios municipales, se encontraba en ese estado desde un mes antes del suceso, ya que uno de los vecinos había presentada dos denuncias n el Ayuntamiento.

El recado fue transmitido por una empleada al encargado de los servicios de mantenimiento, José Naranjo, que entregó el aviso a los electricistas. Pese al peligro inminente, los técnicos no habían acudido todavía a reparar la farola cuando se produjo el trágico suceso, ni el encargado se preocupó de verificar si la reparación se había realizado.

El fiscal solicitó penas de un año de prisión para cuatro de los cinco procesados y la absolución para el ex concejal, mientras que laacusación particular elevó su petición hasta un total de 34 años de cárcel para todos los empleados municipales y una indemnización de 100 millones de pesetas para los familiares del niño.