Según se recoge en la sentencia hecha pública hoy, los magistrados de la Sección Tercera, presididos por el juez Alfonso Guevara, decidieron absolver a Agote al entender que las declaraciones que hizo ante la Guardia Civil tras su arresto "no fueron vertidas en total y absoluta libertad de ánimo, y, consecuentemente, son inválidas para basar en ellas una sentencia condenatoria".

El fiscal encargado del caso, Ignacio Gordillo, solicitaba para el presunto etarra una pena de 8 años de prisión y 16 de inhabilitación absoluta, al considerarle culpable de un delito de estragos terroristas en grado de tentativa.

Según el fiscal, Agote colocó, sobre las 23.00 horas del 2 de noviembre de 2005, un artefacto explosivo compuesto por más de 500 gramos de amonal en la puerta del Juzgado de Paz de Zarauz.

La bomba fue descubierta por un vecino de la zona que salió para pasear a su perro y tirar la basura y fue desactivada por los agentes de la Ertzaintza.

Sobre el artefacto explosivo, el presunto etarra había colocado un cartel que decía "peligro, bomba". La acción fue reivindicada por ETA mediante un comunicado enviado al diario "Gara".

AUTOINCULPACIÓN

Agote fue detenido en San Sebastián el 28 de marzo de 2007 por agentes de la Benemérita. Según las diligencias de la Guardia Civil, en los interrogatorios tras su arresto, Agote "reconoció voluntariamente" ser el autor de la colocación del artefacto explosivo y consignó "una serie de detalles" que sólo el autor material de los hechos podía conocer.

Las diligencias añadían que los propios guardias civiles desconocían los datos concretos del artefacto y su colocación ya que fue la Ertzaintza quien investigó el intento de atentado.

Los magistrados rebaten en la sentencia este argumento y señalan que los datos del intento de atentado estaban recogidos en los atestados de la Ertzaintza, a los que podría haber tenido acceso la Guardia Civil, y añaden que los mismo fueron dados a conocer por varios medios de comunicación.

Por otro lado, los tres guardias civiles que participaron en la toma de declaración de Agote tras su arresto y que declararon como testigos en la vista oral aseguraron que la autoinculpación de Agote en dependencias de la Benemérita fue "espontánea".

Estos agentes quisieron dejar claro que Agote no fue sometido a ningún tipo de presión, que durante sus declaraciones estuvo en todo momento presente un abogado de oficio y que, dos veces al día, fue visitado por una médico forense.

DESPEJAR LAS DUDAS

La sentencia señala que la única prueba incriminatoria que obra contra Agote es su declaración en dependencias de la Guardia Civil, que fue "inmediatamente negada ante el juez instructor", Santiago Pedraz, "y negada también durante la vista oral".

"Puesto que la imputación del acusado descansa fundamentalmente en su autoincriminación en sede policial, resulta imprescindible que este tribunal tenga la certeza y convicción acerca de que tales declaraciones fueron total y absolutamente libres, espontáneas y voluntarias", señala la sentencia.

Los magistrados indican que "de existir la más mínima duda" acerca de la posibles presiones a las que pudo ser sometido el detenido para autoinculparse "la declaración prestada en sede policial no puede gozar de valor probatorio alguno".

Para comprobar si realmente existieron presiones, el tribunal procedió a comparar los "lapsos temporales" que sobre los cinco días que Agote estuvo incomunicado tras su arresto se recogen en las diligencias de la Guardia Civil, por un lado, y en la denuncia que el acusado presentó por torturas.

"El resultado es altamente significativo pues evidencia la existencia de un larguísimo lapso de tiempo sin práctica alguna de diligencia policial que justifique el mantenimiento de la detención, y, aún menos, de la situación de incomunicación", señala la sentencia.

En concreto, los magistrados señalan que "no existe causa ni justificación" para que el detenido estuviese desde las 15.00 horas del 28 de marzo de 2007 a las 22.00 horas del día 30 en dependencias de la Guardia Civil "pues no se efectúa con él ninguna diligencia policial diferente a la de su indentificación".

AMENAZA DE SUICIDIO

De hecho, la sentencia destaca que el día 30 de marzo, tres días después de su detención, la médico forense señala, tras reconocer a Agote, que el detenido "tiene tan roto el espíritu que amenaza con suicidarse".

Los magistrados concluyen que "la declaración obtenida en tales circunstancias no puede ser tomada en consideración como prueba válida de cargo por este tribunal".

La sentencia añade que el tribunal "no estima que aquellas declaraciones hayan sido vertidas en total y absoluta libertad de ánimo, y, consecuentemente, son inválidas para basar en ellas una sentencia condenatoria".

Agote presentó, el 10 de mayo de 2007 ante el Juzgado de Instrucción número 2 de San Sebastián, una denuncia por torturas contra la Guardia Civil.

En este sentido, sin entrar a valorar si realmente existieron presiones, los magistrados de la Sección Tercera sí que señalan que "los términos de la denuncia interpuesta por el acusado son muy detallistas".