El juez determina, además, la libertad provisional sin fianza del alcalde, que, sin embargo, deberá presentarse los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado. Por otro lado, ha tenido que ingresar 1.128.536 pestas para resarcir al Ayuntamiento de las cantidades percibidas por el edil de manera presuntamente indebida, incrementadas con los intereses de demora.

El procesamiento es consecuencia de la denuncia que el grupo municipal de Izquierda Unida presentó el verano pasado contra el alcalde, a quien acusaba de cobrar indebidamente dinero procedente de la Mancomunidad de Aguas y del Ayuntamiento.

El fiscal considera que existen dos presuntos delitos de prevaricación y de malversación de caudales público. Por el primero pide 8 años de inhabilitación especial y 8 de inhabilitación absoluta, peticiones que elevan el asunto hasta la Audiencia Provincial de Badajoz, que es la que debe realizar juicio y dictar sentencia.

IU considera que con este auto se demuestra la justicia de la denuncia presentada por ellos en solitario (PSOE, PP e independientes se negaron en un pleno municipal a secundar la iniciativa) y recuerda que la dirección regional del PSOE no quiso tomar medidas para cesar a su alcalde.

La coalición pide ahora a Luis Gragera que dimita, "igual que lo hizo el alcalde de Córdoba" (de Izquierda Unida). Sin embargo, el alcalde no está dispuesto a hacerlo y asegura que tiene "la conciencia tranquila".