Desde ayer, el ginecólogo Sáenz de Santamaría se sienta en el banquillo junto a tres médicos y cuatro auxiliares de su clínica, acusados de practicar interrupciones ilegales del embarazo.

Todos ellos se enfrentan a un total de 180 años de cárcel, mientras que para las 23 mujeres procesdas se piden multas de 36.000 pesetas.

Los abogados de la defensa han pedido la nulidad de todo el proceso, alegando irregularidades en la instrucción y la prescripción de los delitos, cometidos hace doce años.