"No se puede ni se debe confundir el tema de la interrupción voluntaria del embarazo", manifestó Belloch en rueda de prensa, "con el tema del tratamiento penal de la interrupción voluntaria del embarazo".

El titular del departamento de Justicia e Interior dijo que el proyecto de ley se limita a abordar el tratamiento penal del aborto, ya que se mostró convencido de que el debate no se debe situar "en el marco de un conflicto ideológico entre la izquierda y la dereha".

Para apoyar este planteamiento, Belloch recordó que el Parlamento alemán aprobó una ley sobre el aborto, en la que se ha inspirado el texto legislativo elaborado por el Gobierno español, que fue apoyada por los democristianos alemanes (CDU).

El ministro insistió en que el proyecto de ley se basa en la regulación normativa que rige, además de en Alemania, en el Reino Unido, Bélgica, Italia, Austria, Suiza, Noruega, Islandia y Finlandia.

Respecto a su tramitación parlamentaria, señaló quela aprobación se podría producir en la actual legislatura y restó importancia al posible veto que los votos del PP y CiU puedan ejercer en el Senado, Cámara en la que IU no cuenta con grupo parlamentario, ya que "la única consecuencia" del veto sería el retraso de dos meses que se produciría en la aprobación, "porque, en definitiva, el Congreso sigue teniendo la última palabra".

ABORTO Y CODIGO PENAL

Juan Alberto Belloch indicó que la tramitación no tiene por qué ser especialmente compleja y reiteróque la promulgación de la ley debe coincidir con la entrada en vigor del nuevo Código Penal.

Sin embargo, afirmó que el contenido del texto legislativo no se ha consensuado con IU, cuyos votos son necesarios para que el proyecto de ley consiga un apoyo mayoritario en el Congreso de los Diputados.

Uno de los aspectos del proyecto de ley que ha motivado las críticas de IU ha sido el referido a la no gratuidad de los abortos contemplados en el cuarto y nuevo supuesto.

El ministro de Justicia e nterior explicó que el Gobierno entiende que este supuesto no puede tener el mismo tratamiento que los tres regulados legalmente en el actualidad, porque "éstos aluden a problemas de salud y el cuarto no".

Sin embargo, apuntó que cuando el Gobierno y las comunidades autónomas con competencias transferidas desarrollen normativamente la regulación legal del aborto, existirá la posibilidad de que las administraciones públicas puedan costear deteminados casos justificados por la escasez de recursos económcos de los afectados, pero considerando la intervención pública como una prestación social y no como un servicio del sistema sanitario.