En un comunicado, la Confederación de Asociaciones de Vecinos(CAVE), la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU), la Unión de Consumidores de España (UCE), CCOO y UGT, critican que el nuevo reglamento "convertirá en permanente" la lentitud y mala calidad de las comunicaciones que sufren los 25.000 abonados al servicio telefónico en áreas rurales.

En este sentido, el CSC resalta que la situación de estos abonados, concentrados sobre todo en Galicia y Asturias, debía ser provisional, puesto que al acceder al servicio telefónico mediante tecnología de telefonía móvil analógica, reciben los fax o datos a través de Internet a una velocidad 10 ó 15 veces inferior al resto de los usuarios, además de sufrir mayor número de averías y menor calidad en las comunicaciones.

El consejo apunta que "no puede aceptar que por razones de coste se mantenga esta situación discriminatoria en un servicio público, cuando afecta a un número relativamente pequeño de abonados, y teniendo en cuenta que una situación similar no se produce en ningún otro país de la UniónEuropea (UE)".

Asimismo, señala que este tipo de acceso a la telefonía no se justifica por el excesivo coste de la provisión por medios habituales, pues, a su juicio, el coste de la telefonía móvil es mayor a largo plazo. Subraya que esta tecnología tiene una vida más corta y requiere equipos costosos en las casas de los usuarios, que serán inservibles si se cambia de tecnología.

Por otra parte, denuncia que con este sistema se utilizan importantes bienes públicos para las estaciones de radio, as como un bien escaso, el espectro radioeléctrico, imprescindible para los móviles pero innecesario para las aplicaciones fijas.