La propuesta de reforma, dirigida por Eduardo García de Enterría, Tomás Ramón Fernández, Luis Martín y Raúl Bocanegra, sugiere la posibilidad de embargar caudales públicos o bienes patrimoniales de la administración cuando ésta resulte condenada.

A su juicio, "en materia de sanciones debería invertirse la regla tradicional, de forma que procedería en todo caso la suspensión de la ejecución, salvo que la Administración justifcara la existencia de perjuicios graves para el interés general".

En su opinión, "resulta imprescindible robustecer los poderes del tribunal en materia de medidas cautelares contra la Administración, que deben comprender tanto la suspensión de actos administrativos y reglamentos como medidas positivas".

Los expertos que promueven esta reforma consideran que es una prioridad de la máxima urgencia, ya que "la angustiosa e insoportable situación actual de la justicia administrativa no admite ya demoa alguna".

"Ningún argumento presupuestario puede justificar su aplazamiento", recalcan, "y bastaría aplicar el importe equivalente a unos cuantos -muy pocos- kilómetros de autovía para solventar un problema político y social de primera magnitud y completamente insoslayable en un Estado social y democrático de Derecho".