Carnicer sale así al paso de las medidas anunciadas por el secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos, quien afirmó que los profesionales del derecho, en el marco de la prsecución del blanqueo de capitales, estarán obligados a comunicar las irregularidades que conozcan de sus propios clientes.

Carnicer ha expresado su rotundo rechazo a esta propuesta, ya que "afecta al secreto profesional" y "los abogados no serán nunca delatores".

El presidente del Consejo de la Abogacía recuerda que "las normas deontológicas de la abogacía ya obligan a cualquier abogado a la identificación de la procedencia de los fondos que le sean entregados, y no hay nada más alejado del intrés de defensa de un abogado que enmascarar forma alguna de delito, ya que el abogado dejaría de ser abogado para convertirse en delincuente".

Para Carlos Carnicer, "la obligación de desvelar cualquier dato que afecte a la intimidad de las personas podría pervertir el necesario sistema de defensa individual y colectiva del Estado de Derecho", que "garantiza a toda persona el derecho a la presunción de inocencia, a no autoinculparse o declarar contra sí mismo y a preservar de forma absoluta su intimida".

"Si los ciudadanos presumieran que su abogado, en quien han depositado sus datos más íntimos, pudiera -incluso debiera- desvelarlos, lo que se quebraría sería no sólo el secreto profesional, sino el principio de confianza en que se basa la relación abogado-cliente, haciendo inviable el asesoramiento y la defensa", mantiene Carnicer.

A su juicio, "resulta preocupante, aunque no novedoso, el empeño de los gobernantes de intentar paliar los graves efectos de los delitos mediante la merma de garanías individuales y de restricción de libertades, dejando de lado otros mecanismos democráticos y mucho más eficaces en la lucha contra el terrorismo, la drogadicción y el crimen organizado en general, a través de la restricción económica de sus acciones".

Carlos Carnicer considera que "aún nos queda pendiente que el actual ministro de Justicia (José María Michavila) asuma el compromiso público del anterior ministro (Angel Acebes) sobre que la Directiva de Blanqueo de Capitales no afectaría al secreto rofesional de los abogados ni los convertiría en delatores".

El presidente del Consejo General de la Abogacía mantiene que, "de ser así, los ciudadanos perderían el derecho de defensa y no retrocedería el delito, sino la democracia y el Estado de Derecho".