Los abogaos, que representan al Partido Andalucista, a Izquierda Unida y a José María Ruiz Mateos, separadamente, imputan a Juan Guerra y sus socios la comisión de un delito de prevaricación y maquinación para alterar el precio de las cosas.

El secretario de la sala tercera de lo penal de la Audiencia de Sevilla, Luis Fernández, leyó el informe de los hechos del ministerio fiscal, de la acusación y de la defensa sobre la trama de "Frídex". en el caso Guerra.

Los informes ponen de manifiesto la supuesta viculación del hermano del vicesecretario general del PSOE en la trama de compra irregular de terrenos de suelo rústico a bajo precio, para su posterior venta, una vez revalorizados por su recalificación como suelo urbanizable. Toda la operación contaba con el apoyo del Ayuntamiento de Alcala de Guadaira, gestionado por los socialistas.

El ministerio fiscal, representado por Alfredo Flores, fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Sevilla, confirma que la empresa nacional de siderúrgica, Ensidesa, del rupo INI, vendió dos fincas a "Cimpa S.A"., empresa de la que es propietario Juan Guerra,

Una de las parcelas tiene seis hectáreas que fueron valoradas en 4.156.000 pesetas, la otra tiene un área de más de 1.312 metros cuadrados y fue comprada por 25 millones de pesetas, ambas en el polígono "Frídex", en la localidad sevillana de Alcala de Guadaira.

Una vez comprados los terrenos, la empresa de Juan Guerra contactó con el Ayuntamiento de Alcala de Guadaira para obtener la recalificación de los terenos, cosa que consiguió.

"Cimpa", constituida con un capital social de 20 millones de pesetas, surgió a consecuencia de la fusión de las empresas "Corral de la Parra S.A.", propiedad de Juan Guerra, y "Cimsa". Esta operación tuvo lugar en febrero de 1989.

Según la acusación del Partido Andalucista, la recalificación obtenida produjo cuantiosos beneficios económicos, ya que se pasó de un uso "cero" de los terrenos a un valor estimado entre 13.000 y 15.000 pesetas por metro cuadrado, lo que justiica, a su juicio, el delito de prevaricación y maquinación para alterar el precio de las cosas, previstos en los artículos 358 y 540 del código penal.

Por su parte, el informe de la defensa del alcalde de Alcala de Guadaira, presentado por Francisco Baena Bocanegra, abogado defensor también del Duque de Feria, argumenta la inocencia de su cliente en la falta de "capacidad de decisión" del alcalde, que le exime de la comisión de los delitos que se le imputan.