Según Salas, el Gobierno está intentando amedrentar a los ciudadanos que apoyan a los insumisos, al tiempo que "intenta criminalizar el delito de conciencia".

"Desde nuestro punto de vista", agregó, "inducir a la insumisión no es un delito. Cada ciudadano puede pensar lo que crea más conveniente".

El magistrado realizó estas declaraciones media hora antes de acompañar al Gobierno Militar de Madrid a tres de los autoinculpados en el proeso contra Julio Rodríguez.

AUTOINCULPADOS

El pasado viernes ya prestó declaración ante el juez togado militar número 12 de la capital Javier Ortiz, redactor-jefe del diario "El Mundo", que también se ha inculpado de inducir a la insumisión al acusado.

Hoy fueron el abogado de San Sebastián Endika Zulueta y los filósofos Javier Sádaba y Gabriel Albiac los que acudieron al Gobierno Militar de Madrid para prestar declaración ante el juez togado militar.

Todos ellos criticaron la ley que regua la Prestación Social Sustitutoria (PSS) y mantuvieron su apoyo al insumiso juzgado.

Para Fernando Salas, la actual PSS puede interpretarse como un castigo para aquellos que no quieren realizar, por razones de conciencia, el servicio militar.

Sin embargo, aseguró que es factible cambiar la legislación actual, como ya ha ocurrido, dijo, con otros asuntos, tales como el aborto.

CRITICAS A LEOPOLDO TORRES

Por su parte, Julio Rodríguez acusó al fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, de pomover los procesos judiciales contra aquellos que inducen a la insumisión.

Recordó que un autoinculpado permaneció encarcelado varias horas en las dependencias policiales de Torrejón de Ardoz (Madrid) y que hay varios que pueden ser condenados "a la misma pena que se nos impone a los insumisos".

Teodoro Mota, otro de los magistrados que apoya al objetor de conciencia, también responsabilizó a Leopoldo Torres de la presión que la justicia militar está ejerciendo sobre los autoinculpados durante ls últimas semanas.

Mota lamentó que, "de nuevo, los militares se atrevan a juzgar la conciencia de las personas" y resaltó que en la actualidad los jóvenes desertan del Ejército por motivos político-ideológicos y no por causas sociales, como, a su juicio, ocurría antes.

Gabriel Albiac manifestó que resulta "inconcebible que exista una PSS de carácter obligatorio", y llegó a poner en duda la constitucionalidad de la legislación actual.