En el escrito de alegaciones, al que tuvo acceso Servimedia, el letrado insiste con "total y absoluta seguridad" en que una vez puesta en libertad, Blanca Rodríguez-Porto no intentará eludir la acción de la justicia, en contra de lo sostenido por el fiscal en su recurso, que deberá resolver la sección sexta de la Audienci Provincial de Madrid.

Gerez explica que el comportamiento de la esposa de Roldán antes de ser decretado su ingreso en prisión el pasado 22 de junio "para nada pone de relieve su firme propósito de abandonar el país", sino que el día 20 se presentó en el juzgado que instruye el caso con el fin de colaborar con la justicia y denunciar "a determinadas personas por hechos que pudieren ser delictivos", aunque "tal declaración no pudo ser prestada".

Agrega que Rodríguez-Porto, "y ello es un hecho notoio desde que su esposo decidió ausentarse, ha sido víctima de una permanente vigilancia policial, al igual que su hijo menor y sus padres" así como de "presiones por parte de identificados miembros del Ministerio de Justicia e Interior".

Por ello, continúa, "a la vista de que no pudo prestar declaración el día que se ha señalado, temerosa de que las personas que han sido denunciadas pudiesen enterarse de la intención de la misma, es por lo que solicita la ayuda de la Embajada de la República de Chile ara viajar a su país de origen".

Indica, asimismo, que al ratificarse ante la jueza del caso de esas denuncias, "reitera con valentía lo que le fue impedido hacer cuando no era imputada, denunciando ante la autoridad judicial a personas poderosas y sumamente conocidas, poniendo en grave riesgo su vida".

El letrado destaca además que cuando su defendida solicitó esa ayuda a la embajada y adquirió un billete de avión para viajar a Chile no estaba encartada en las diligencias de este caso y "era unaciudadana libre en plenitud de disfrute de todos sus derechos".

Luis Gerez reconoce, tal como sostiene el fiscal en su recurso, que este caso ha generado "una evidente alarma social", aunque rechaza que esa alarma pueda ser imputada a su defendida. De ella dice que, a pesar de que no ha participado en ningún hecho delictivo de los que se le imputan, en todo caso no sería como coautora, como dice el fiscal, sino como encubridora, lo que comportaría penas de prisión menor e incluso la absolución al tratrse de encubrimiento entre cónyuges.

Asimisimo, niega que pueda ser autora por cooperación necesaria del delito de malversación de caudales públicos que se imputa a Roldán, dado que ella no es un funcionario público, motivo por el que tampoco se le puede acusar de autora de otro delito de cohecho.

Finalmente, el abogado de Roldán asegura que, en este punto, "la tesis del ministerio fiscal de todas las posibles es la peor" y señala que alegar que la pena que puede corresponder a Blanca Rodríguez-Prto es la máxima prevista en el ordenamiento jurídico con el fin de impedir la fijación de una fianza, tal como arguye el fiscal, "es de una dureza desmesurada y de difícil construcción jurídica".