Así lo dijo Araúz en una rueda de prensa en Madrid, después de conocer que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado que los interinos en España con contratos prorrogados sucesivamente deberían ser fijos.

“Hemos tratado de reunirnos con el ministro muchas veces”, lamentó, tras acusar a Escrivá de ocultar que “queda un millón de trabajadores públicos temporales en situación de abuso”. En ese sentido, criticó que el ministro “no atienda” a los empleados públicos temporales “ni se reúna con ellos”.

Araúz aseguró que “es impropio de un ministro socialista ponerse la venda frente a unos derechos sociales mínimos” de los interinos” y deslizó que Escrivá podría estar influenciado por ‘lobbies’ o sindicatos mayoritarios.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha considerado en su sentencia que “ni la convocatoria de procesos selectivos ni la compensación resultan adecuadas para prevenir o sancionar los abusos” relativos a la “utilización de contratos o relaciones laborales de duración determinada”, por lo que “la conversión de los sucesivos contratos o relaciones de empleo de duración determinada en contratos o relaciones de empleo por tiempo indefinido puede constituir una de las medidas” para prevenir dichos abusos.

El TJUE se pronunció hoy sobre un caso español que enfrenta a tres trabajadoras con la Dirección General de la Función Pública, adscrita al Departamento de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña y al Departamento de Justicia de la Generalitat, en relación con la calificación de la relación de trabajo que vincula a las interesadas con la administración pública correspondiente.

Araúz, que ha sido el encargado de llevar esta cuestión a la justicia europea y representa a dos de las tres trabajadoras, se mostró “satisfecho”, pese a que “hubiera aspirado a más en cuanto a que el tribunal hubiera sido más rotundo”. “Me llamaban loco, estafador, porque venía propiciando la fijeza desde 2010”, remachó.

Respecto a las declaraciones realizadas por Escrivá esta mañana, Araúz lamentó que "haya dicho que va a seguir aplicado la ley 20/2021, cuando la sentencia dice que no cumple con la normativa comunitaria". "Me parece un atrevimiento", recalcó. Asimismo, indicó que "no es necesario esperar a la cuestión prejudicial", después de que el titular de Función Pública reconociera que el Gobierno está pendiente “de la sentencia prejudicial que ha presentado el Tribunal Supremo, que en algún momento tendrá que unificar doctrina sobre estas situaciones”.