Reizabal, que medió en el cobro del denominado "impuesto revolucionario" de ETA a un empresario vasco, se encuentra en la actualidad en situación de prisión preventiva por lo que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, esta circunstancia sólo se puede prorrogar hasta la mitad de la condena si la sentencia es recurrida ante el Tribunal Supremo, como ocurre en este caso.

La fiscalíade la Audiencia Nacional pidió a la del Tribunal Supremo que recurriese la resolución condenatoria de Reizabal, ya que no está de acuerdo con que el tribunal que juzgó al abogado le aplicara la eximente incompleta de estado de necesidad por estimar que actuó ante la insistencia del empresario y con la única intención de auxiliar al extorsionado.

La fiscalía destaca, por el contrario, que Reizabal no intervino para ayudar al empresario porque nunca intentó evitar el pago o conseguir que la organizaciónterrorista rebajara la cuantía del "impuesto revolucionario", que es lo que habitualmente hacen los mediadores de las familias afectadas por la extorsión o los secuestros de ETA.

En esta situación de prisión preventiva se encontraba también José Ramón Treviño, arcipreste de Irún, quien podía haber salido de la cárcel el próximo 23 de septiembre al haber cumplido la mitad de la condena de tres años impuesta por la Audiencia Nacional, que aplicó la atenuante de conflicto de deberes.

Sin embargo, reientemente el Tribunal Supremo estimó los recursos presentados por la fiscalía y por la acusación particular contra esa sentencia y elevó a seis años de prisión la condena.