En un escrito presentado hoy ante el Supremo, la representación del Estado argumenta, en primer lugar, que "si quedara acreditada" la vinculación de estos establecimientos con la formación ilegalizada, "procedería que se extendiera a los mismos la liquidación patrimonial decretada por la sentencia de disolución en los términos y con el alcance expresado en el artículo 12 de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos".

No obstante, el escrito se refiere a que las "herriko tabernas" son consideradas como bienes de presunta "titularidad indirecta" de Batasuna, por lo que dar por hecho esta vinculación supone "prescindir de las titularidades formales o aparentes".

En este sentido, el abogado del Estado añade que esto implica aplicar la técnica del "levantamiento del velo", que tiene jurisprudencia, pero que quizás requeriría en este caso compromaciones adicionales.

A este respecto, se plantea la posibilidad de que, sin perjuicio de los informes que obran en poder del Supremo, se lleve a cabo una "ulterior depuración" sobre quien es el verdadero propietario de las "herriko tabernas".

NEGOCIO DE HOSTELERÍA

Por este motivo, la representación legal del Estado sugiere que se dé a los "titulares formales" de estos establecimientos la posibilidad de que "aleguen y documenten lo que tengan por conveniente en defensa de su titularidad".

"Con la actuación propuesta", se dice en el escrito, "entiende la Abogacía del Estado que se garantizaría al máximo la regularidad procedimental de la ejecución, evitando incidentes procesales y garantizando, al tiempo que la máxima efectividad, los eventuales derechos de terceros que pudieran verse exentos de la aplicación de la teoría del levantamiento del velo".

Por otra parte, el abogado del Estado también apunta "la conveniencia de que, en tanto no se adopten decisiones definitivas de ejecución, las medidas cautelares no deberían obstar al funcionamiento de las herrikos como establecimiento de hostelería".

En cuanto al posible cierre y precinto de las "herriko tabernas" no afectadas por decisiones adoptadas en sede penal, la representación del Estado propone que esta medida se supedite "a la absolución del trámite de audiencia y contradicción".