Nart dijo aServimedia que la decisión del Supremo norteamericano es "un primer paso muy importante" y mostró su esperanza en que el Supremo decida que la justicia norteamericana sí tiene competencia para estudiar las condiciones de detención de su cliente.

"Es un paso muy importante, pero hace falta que el Supremo admita la competencia y que sean sometidos a procedimiento judicial. Pero no significa que la justicia norteamericana esté entrando en las condiciones de detención, que es lo fundamental", añadió Nart. El Supremo acordó revisar la norma según la cual los tribunales de EE.UU. no tienen jurisdicción sobre las reclamaciones de los detenidos, que no pueden ver a sus familias y a sus abogados y a quienes no se acusa de delito alguno.

JURISDICCION

Según el letrado, el problema a que se enfrentan su cliente y los más de 650 detenidos en la base es que el lugar en que se encuentran recluidos es formalmente territorio cubano que pertenece a Estados Unidos en régimen de arrendamiento.

Hasta ahora,añadió, los tribunales federales norteamericanos han alegado de forma unánime que Guantánamo está fuera de los límites de actuación de la Justicia norteamericana, porque ningún tribunal tiene jurisdicción allí.

"Los tribunales alegan que Guantánamo es técnicamente territorio cubano en régimen de arrendamiento. De esta forma, surge una ficción jurídica, de forma que Guantánamo es territorio cubano pero excluido de su jurisdicción porque lo tiene alquilado EE.UU.", dijo.

Nart recordó que AbderramánAhmed fue detenido hace dos años en Pakistán, transferido a la autoridad militar de Estados Unidos en Afganistán y, desde allí, trasladado a la base militar de Guantánamo en régimen de "aislamiento sensorial".

El letrado explicó que lleva dos años en una celda de dos metros por dos metros y medio, con dos salidas de 20 minutos a la semana e interrogatorios continuados y sin ningún tipo de asistencia letrada.

CRITICAS AL GOBIERNO

Preguntado por la actitud del Gobierno español en este caso, Nart ijo que "nunca ha hecho absolutamente nada", salvo permitir que Estados Unidos cometa una violación "clamorosa" del Derecho Internacional.

"La ministra Palacio no hace nada, aunque tenga a su disposición mecanismos para exigir el cumplimiento de tratados internacionales. El Gobierno de España, que reclama la legalidad internacional, no la aplica en el caso de un español", añadió.