El letrado confirmó hoy disponer de pruebas que avalan la predisposición de la dirección del PP de indemnizar con 100 millones de pesetas a Miguel Deiá, condenado a seis meses de cárcel como el resto de inculpados, y a pagar, del mismo modo, una multa de cien millones de pesetas, la misma cantidad que se negoció.

A juicio de Ramón Riutord, dos documentos donde se prueban estas negociaciones, así como otras pruebas aún no reveladas, "son pruebas sufcientes para revisar la condena de los tres inculpados, reabrir el sumario e investigar la actuación del PP", aseguró.

Dicha operación se realizaría, agregó, a través del entonces abogado del presidente del PP de Calviá y actual jefe de la oposición, Eduardo Vellibre, quien hoy negó los hechos. Ramón Riutord explicó también que la dirección del PP, que preside Gabriel Cañellas, "presionó a los condenados para que se autoinculparan, de tal modo que el partido no fuera implicado en las investigaciones",dijo en declaraciones a Servimedia.

Guillem Guinard, Miguel Deiá y Andreu Bordoy tuvieron que ingresar en la cárcel. El Tribunal Supremo ratificó en el mes de mayo de 1994 la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma sobre el 'caso Calviá'. La Sala Segunda del Supremo confirmó los delitos de cohecho cometidos por el abogado Miguel Deiá, el ex vicepresidente del PP en Calviá, Andreu Bordoy, y el promotor inmobiliario Guillem Guinard.

Los tres fueron condenados a seis meses de arresto mayor y apagar una multa de cien millones de pesetas cada uno. El Supremo también consideró válidas como prueba las cintas grabadas por el concejal socialista José Miguel Campos, a quien se le ofreció el soborno, en las que se recogían conversaciones acerca de los planes previstos.