El escrito se presentará en un juzgado de la capital sevillana. El letrado pide para Asunción un total de 12 años de cárcel, 24 de inhabilitación como cargo público y una multa de un millón de pesetas.

Luis Nivela actúa en representación del interno Fernando Vázquez Ayuda. El abogado considera que Antonio Asunción, junto con el director general, Gerardo Mínguez Prieto; el director de la cárcel de Sevilla, Rafael Fernández Cubero, y los subdirectores Antonio de Digo Martínez e Isidro Colón Durán "violaron" el Reglamento Penitenciario, la Constitución y las normas mínimas de tratamiento a los reclusos dictadas por la ONU en 1955 y por el Consejo de Europa en 1973.

Las acusaciones se basan en que doce reclusos peligrosos que fueron trasladados a la prisión de Sevilla en agosto de este año fueron aislados, privados de las más mínimas normas higiénicas (ducha y aseo personal) y esposados a las camas, a veces de pies y manos, a las que previamente les habían retirao los colchones.

Algunos de estos internos estaban afectados por el virus del sida. por lo que los malos tratos recibidos acrecentaron el mal estado de su enfermedad.

Otros, como Fernando Vázquez Ayuda, contrajeron la tuberculosis durante el mes que vivieron en estas condiciones. La situación fue denunciada por los internos al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, que dictó resoluciones para corregirla, pero "fueron incumplidas reiteradamente por la dirección del centro".

Según Luis Nivela, ls hechos son constitutivos de varios delitos continuados, entre los que destacan el de rigor innecesario para con los presos, el de omisión del deber de impedir la comisión de delitos, la declaración de resoluciones injustas en asuntos administrativos, la desobediencia y denegación de auxilio a la Justicia y la falsedad en documento público.

Este caso está siendo instruido por el Juzgado número 9 de Sevilla. Ha motivado la intervención del fiscal general del Estado, Eligo Hernández, quien dijo que conultaría con la Junta de Fiscales de sala.

Dicho organismo se mostró contrario a la petición de inhabilitación para Asunción efectuada por la fiscalía hispalense. Como acusación se ha personado también la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.