A juicio de Turiel, la petición del juez Moreiras es "precipitada" ya que, en primer lugar, no hay una pericia hecha que cuantifique los perjuicios ocasionados a los cooperavistas, "que no son las aportaciones realizadas" por cada uno de ellos para adjudicarse las viviendas.

Turiel explicó que, dado que "gran parte" de los cooperativistas está en proceso de adjudicación y disgregación de las promociones para hacerse con las viviendas, la cuantía a entregarles sería "aquella que se derivase de la derrama específica que les hiciesen realizar a cada uno de ellos".

Asimismo, señaló que la cantidad establecida en concepto de responsabilidad civil sólo sería cuantificable en aquellos casos en los que "la que ya no tenga vivienda de futuro porque ya esté de baja en la promoción. Si les adjudican la vivienda no hay perjuicio, salvo en la derrama qe se les haya hecho realizar", dijo.

Turiel manifestó que en el plazo de tres días establecido por Moreiras presentará un recurso contra el auto judicial para que se cuantifiquen los perjuicios exactos ocasionados a los cooperativistas y se especifique "de dónde salen la cifra" de 65.000 millones de pesetas.

Para Turiel, sólamente sería cuantificable una responsabilidad civil en función de aquel prejuicio exacto que se le haga a los cooperativistas después de adjudicarse su vivienda, es decir, "auella cantidad de más que tengan que aportar".

Respecto a la situación de su cliente, Paulino Barrabés, señaló que está "muy preocupado" por el proceso judicial y "con ganas" de que se construyan las viviendas a los cooperativistas, "que es de lo que se trata", cosa que "con medidas como ésta, cada vez resulta más difícil".