Manrique respondió así a la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que la policía judicial investigue, además de a vario etarras en tercer grado, el centro de trabajo, sueldos y situación patrimonial actual de los ex policías, condenados a más de 108 años de cárcel, con el fin de que sea retenida una parte de sus retribuciones para hacer frente a las indemnizaciones.

Amedo y Domínguez, que actualmente se encuentran en régimen abierto y trabajan en un despacho de abogados y en una correduría de seguros, respectivamente, fueron condenados en septiembre de 1991 por la Audiencia Nacional al pago de un total de 12,8 millone de pesetas en indemnizaciones a 7 perjudicados.

Sin embargo, en marzo de 1992 el Tribunal Supremo declaró al Estado responsable civil subsidiario al ser los condenados insolventes, ya que, a su juicio, Amedo y Domínguez actuaron "siempre y en todo momento cuando se hallaban bajo la dependencia de sus superiores" y cometieron los delitos "hallándose de servicio".

Para Manrique, que dijo desconocer si la Administración abonó en su día dicha cuantía, es el Estado el que fue condenado al pago de lasindemnizaciones, ya que fue considerado por la sentencia parte del proceso, por lo que aseguró que no tiene derecho ni está facultado a repercutir esa cuantía en Amedo y Domínguez.

Advirtió que "no consentiré que se trabe ni una peseta a mis clientes" y señaló que en el caso de que el Estado quiera recuperar esa cuantía, deberá iniciar un proceso civil contra Amedo y Domínguez y destacó que "un proceso se gana o se pierde".

Finalmente, tras negarse a desvelar las retribuciones de Amedo y Domíguez señalando sólo que éste último cobra un "sueldo medio", se mostró convencido de que los abogados del Estado dirán que es "inviable" iniciar el proceso civil contra los ex policías en caso de que sean consultados por la Administración.