Ante la propuesta que el Ministerio de Justicia ha formulado para actualizar los baremos de la Asistencia Jurídica Gratuita en el denominado Territorio Común, el Consejo General de la Abogacía emitió un comunicado en el que expresó su "profundo malestar por una oferta de subida lineal del 5% que a todas luces nos parece no solo insuficiente, sino además inaceptable".

"Después de meses de negociaciones en donde se ha debatido con el Ministerio sobre aspectos muy diferentes relacionados con las cuantías y las actuaciones que se prestan pero no se retribuyen, el Consejo no entiende que el Ministerio se haya limitado a reproducir el baremo ya existente con una actualización de un pírrico 5%, cuando el IPC de los últimos cinco años sobrepasa con mucho el 17%", dice el comunicado.

Considera que la subida anunciada es "del todo impresentable". "Teniendo en cuenta que las retribuciones son especialmente bajas en relación con el trabajo que requieren y comparativamente con la del resto de comunidades autónomas, no se puede ofrecer una actualización que ni tan siquiera alcanza un tercio de la evolución de los precios", argumenta, sin entender que en determinadas comunidades autónomas "exista la voluntad y presupuesto económico para asumir con más dignidad las compensaciones a los profesionales del turno de oficio, y que el Ministerio de Justicia no esté a su altura".

En su opinión, "deben abonarse todas las actuaciones realizadas por los profesionales de la abogacía, aunque no estén expresamente incluidas en los actuales baremos como son las ejecuciones, ejecuciones hipotecarias, recursos o incidentes, por poner unos ejemplos". Además, reclama aumentar el número de letrados asignados a las guardias de asistencia a las víctimas de violencia de género, "en especial en la llamada España vaciada, donde los desplazamientos son muy difíciles y largos y hacen imposible prestar la asistencia con la debida inmediatez", y lo mismo reclama para las guardias de asistencia letrada al detenido y juicios rápidos.

"Por una cuestión de sentido común" exige que se abonen los gastos de desplazamiento a los que realizan esas guardias, sobre todo en "la llamada España vaciada". "Actualmente se están produciendo situaciones de desigualdad, pues el compañero o compañera que asiste a la víctima de violencia de género cobra estos gastos, pero no el que asiste al detenido o imputado, habiendo realizado el mismo desplazamiento", denuncia.