La representación legal del Estado insta al magistrado a dar cumplimiento a la ley de amnistía atendiendo a “la clara intención del legislador”, dado que los supuestos que se investigan en esta causa no entran dentro de las excepciones que establece la norma: no afecta a intereses europeos ni supusieron graves violaciones de derechos humanos intencionados.

La abogada del Estado Zaida Isabel Fernández Toro defiende que la Ley de amnistía responde a la “necesidad de superar y encauzar conflictos políticos y sociales arraigados, en la búsqueda de la mejora de la convivencia y la cohesión social, así como de una integración de las diversas sensibilidades políticas”.

En ese sentido, defiende que la aplicación de la norma “implica, irremediablemente, la clara intención del legislador de que queden incluidas dentro de su ámbito de aplicación, todas las manifestaciones que revelen tensión política, social e institucional, pues solo de esta manera se cumpliría el objetivo que aspira a resolver: la normalización institucional, política y social en Catalunya”.