A través de un informe hecho público hoy, la Abogacía del Estado indica que poner el nombre de un etarra a un parque es "un atentado contra la dignidad, no sólo de las víctimas de los delitos cometidos por esa persona, sino de toda la sociedad".

El pasado mes de enero, los familiares de Jesús Velasco, asesinado por Aristimuño, pidieron a la Delegación del Gobierno del País Vasco que adoptará las medidas necesarias para obligar al Ayuntamiento de Hernani a modificar el nombre del parque y retirar las placas conmemorativas.

En respuesta a la consulta formulada por la Delegación del Gobierno, la Abogacía del Estado determina que resulta procedente que se requiera al Ayuntamiento la modificación del nombre del parque y la retirada de las placas.

La Abogacía del Estado advierte de que, en el supuesto de no ser atendido este requerimiento en el plazo de un mes, la Delegación del Gobierno debe impugnar el acuerdo del consistorio de Hernani ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

La Abogacía del Estado entiende, en primer lugar, que la existencia de un parque público con el nombre de Aristimuño y de un símbolo conmemorativo vulnera el derecho fundamental al honor de las víctimas.

Asimismo, la Abogacía del Estado, de conformidad con la constante doctrina emanada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), establece que es contrario a Derecho que una institución pública adopte acuerdos de enaltecimiento de personas por su relación con una actividad contraria al ordenamiento jurídico.

Pese a que el informe analiza las formas de reacción jurídica que proceden contra el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Hernani, la Abogacía del Estado señala que sus argumentos son de aplicación a otros supuestos semejantes.