En declaraciones a Servimedia, el portavoz de la Subcomisión de Extranjería de este organismo, Francisco Solans, afirmó que "en líneas generales" la opinión de la Abogacía Española "coincide con la de las organizaciones en defensa de los derechos humanos", que han criticado duramente el texto.

Para Solans, "por mucho que se justifiquen los parlamentarios, y sobre todo los socialistas españoles que vergonzosamente han apoyado la directiva, se trata de una criminalización de los inmigrantes".

"Se escudan en que no afectará a la legislación española, pero esa directiva constituye un muy negativo precedente en la postura política europea en el trato de los flujos migratorios", subrayó.

También se refirió al periodo máximo de 18 meses que la directiva contempla para el internamiento de los inmigrantes ilegales antes de su expulsión.

"Ese tiempo es el que se aplica a los delitos graves, en un contexto donde los centros de internamiento son ahora lugares bastante peores que las cárceles. Me da igual que a un señor se le ponga o no el cartelito de delincuente, si resulta que se le manda a la cárcel igual o a un centro de detención peor", concluyó Solans.