Carnicer sale así al paso de las medidas anunciadas ayer por el secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos, quien afirmó que los profesionales del derecho, en el marco de la persecución del blanqueo de capitales, estarán obligados a comunicar las irregularidades que conozcan de sus propios clientes.

En un comunicado, Carnicer expresa su rotundo recazo a esta propuesta, ya que "afecta al secreto profesional" y "los abogados no serán nunca delatores".

El presidente del Consejo General recuerda que "las normas deontológicas de la abogacía ya obligan a cualquier abogado a la identificación de la procedencia de los fondos que le sean entregados, y no hay nada más alejado del interés de defensa de un abogado que enmascarar forma alguna de delito, ya que el abogado dejaría de ser abogado para convertirse en delincuente".

Para Carlos Carnicer, "laobligación de desvelar cualquier dato que afecte a la intimidad de las personas podría pervertir el necesario sistema de defensa individual y colectiva del Estado de Derecho", que "garantiza a toda persona el derecho a la presunción de inocencia, a no autoinculparse o declarar contra sí mismo y a preservar de forma absoluta su intimidad".

"Si los ciudadanos presumieran que su abogado, en quien han depositado sus datos más íntimos, pudiera -incluso debiera- desvelarlos, lo que se quebraría sería, no sóo el secreto profesional, sino el principio de confianza en que se basa la relación abogado-cliente haciendo inviable el asesoramiento y la defensa", mantiene Carnicer.

A su juicio, "resulta preocupante, aunque no novedoso, el empeño de los gobernantes de intentar paliar los graves efectos de los delitos mediante la merma de garantías individuales y de restricción de libertades, dejando de lado otros mecanismos democráticos y mucho más eficaces en la lucha contra el terrorismo, la drogadicción y el crmen organizado en general, a través de la restricción económica de sus acciones".

Carlos Carnicer señaló que "aún nos queda pendiente que el actual ministro de Justicia (José María Michavila) asuma el compromiso público del anterior ministro (Angel Acebes) sobre que la Directiva de Blanqueo de Capitales no afectaría al secreto profesional de los abogados ni los convertiría en delatores".

El presidente del Consejo General de la Abogacía mantiene que, "de ser así, los ciudadanos perderían el derech de defensa, y no retrocedería el delito, sino la democracia y el Estado de Derecho".