En un comunicado de prensa, Amnistía argumenta que "la violencia sexual y otros abusos dirigidos específicamente contra la ujer constituyen una forma de persecución prevista en la Convención sobre el estatuto de los refugiados de 1951".

Por esa razón, entiende que "el Gobierno español debe conceder el estatuto de refugiado y garantizar con ello la protección necesaria a toda mujer que pueda se víctima de estas aberrantes prácticas".

Amnistía agradece "el interés de los diputados españoles por encontrar mecanimos de defensa de las mujeres de nacionalidad española o residentes en España ante esta práctica cruel, inhumaa y degradante", pero considera que la proposición adoptada se queda corta.