"La violencia sexual y otros abusos dirigidos específicamente contra la mujer constituyen una forma de persecución prevista en la Convención sobre el Estatuto de los efugiados de 1951", argumenta Amnistía.

Por esa razón, entiende que "el Gobierno español debe conceder el estatuto de refugiado y garantizar con ello la protección necesaria a toda mujer que pueda ser víctima de estas aberrantes prácticas".

Amnistía agradece "el interés de los diputados españoles por encontrar mecanimos de defensa de las mujeres de nacionalidad española o residentes en España ante esta práctica cruel, inhumana y degradante", pero considera que la proposición adoptada se queda cora.